El día 3 de enero del presente año Estados Unidos marcó un nuevo hito y parteaguas en nuestro Continente, se realizó una operación de intervención militar en Venezuela, sumado a un bombardeo sobre su capital para apresar al, hasta ese momento, jefe de Estado, Nicolás Maduro, un acontecimiento que aceleró la crisis política y expuso la subordinación de la administración de facto a los intereses de Washington. La voracidad del capital transnacional, guiada por la lógica de que “al vencedor le corresponden los despojos”, termina por desnudar el verdadero carácter de clase del gobierno de Delcy Rodríguez y del PSUV: la subordinación a los intereses de un bloque imperialista confirmando que la cúpula gobernante administra el reordenamiento económico y geopolítico en detrimento de la clase trabajadora.
Esto no es un hecho aislado ni un episodio extraordinario, sino la política exterior que el gobierno de Estados Unidos planea aplicar contra los pueblos de América Latina y el Caribe. La administración norteamericana ha ratificado que no dudará en utilizar su poderío militar para asegurar sus intereses estratégicos, exhibiendo la intervención en Caracas como un triunfo y una advertencia hemisférica. En sintonía con esta doctrina de dominación, Washington despliega un sistema de control y subordinación a través de giras de altos funcionarios y acuerdos de cooperación en seguridad e inteligencia, buscando consolidar en todo el continente un bloque de gobiernos subordinados que garanticen la contención de cualquier proceso de emancipación.
Es razonable preguntarse acerca de cuáles son los intereses estadounidenses en América Latina, más allá del control comercial de la región en el marco de la disputa global por la primacía de la pirámide imperialista mundial con gigante asiático; la respuesta es clara: el aseguramiento de un acceso privilegiado a los vastos recursos que posee nuestro continente. En el caso de Venezuela, la transferencia de los mismos ya está firmada, se formalizó la entrega de una porción sustancial del patrimonio energético a corporaciones transnacionales mediante acuerdos negociados de espaldas al pueblo y al margen de los controles constitucionales. La cúpula gubernamental prioriza la entrega de campos petroleros estratégicos y la apertura agroalimentaria a los intereses de la Casa Blanca.
En paralelo, el gobierno de facto anunció un proceso de reestructuración de la deuda externa que se perfila como un nuevo mecanismo de subordinación financiera, comprometiendo el patrimonio nacional durante décadas. Ante la absoluta opacidad gubernamental y la ausencia de cifras públicas auditadas, libreto conocido por los pueblos de nuestra región, las finanzas públicas se subordinan a las exigencias de los acreedores externos. Esta política transfiere el costo de la crisis a las espaldas de la clase obrera, anteponiendo el pago de obligaciones de dudosa legitimidad a la superación de la emergencia social y la recuperación de los servicios públicos.
La cúpula gobernante nunca traicionó los ideales revolucionarios, ya que nunca los tuvo. Estas acciones simplemente terminaron por desenmascarar el carácter de las políticas del PSUV, defensores de la burguesía burocrática y rentista venezolana, dispuestos a congestionar el capitalismo dependiente a cambio de garantizar su propia supervivencia en las estructuras de Estado. En la Asamblea General de la ONU, la delegación oficial ha convalidado con un silencio cómplice la agresión imperialista y el despojo de los recursos nacionales, buscando legitimar su permanencia en el poder mediante una supuesta “cooperación” que no es más que una forma maquillada de nombrar al entreguismo puro.
Este reordenamiento económico tiene su complemento inmediato en el interior del país a través de una ofensiva en contra de la clase obrera. Mediante la instauración de una mesa de diálogo tripartito, integrada por la cúpula empresarial de Fedecámaras, los altos funcionarios del gobierno y las centrales sindicales colaboracionistas, el Estado consolida un modelo de flexibilización y desregulación laboral que pulveriza el salario real y destruye el régimen de prestaciones sociales. Mientras se otorgan condiciones extraordinarias y exenciones tributarias al capital transnacional, la respuesta estatal ante la legítima protesta obrera y popular es la criminalización y la persecución judicial.
Lo que ocurre hoy en Venezuela no es una anomalía geopolítica, sino una clara demostración de los métodos con los que el imperialismo yankee y el capital transnacional imponen sus intereses a sangre y fuego sobre los pueblos. También una clara demostración de cómo se manejan los partidos oportunistas, administran la miseria bajo el capitalismo y, tarde o temprano, se arrodillan frente a las potencias imperialistas en detrimento de la clase obrera. Este modus operandi es el mismo que enfrentamos los trabajadores en Argentina, donde la ofensiva del capital, avalada por fallos judiciales alineados con los intereses de los monopolios, busca pulverizar nuestros derechos históricos conseguidos a través de lucha obrera. El reclamo legítimo del Partido Comunista de Venezuela, que exige la defensa de los recursos, debe extenderse por toda América Latina como estandarte de la lucha obrera, entendiendo que como clase trabajadora somos los soberanos dueños de nuestras tierras y recursos naturales.
Frente a la barbarie imperialista y el oportunismo reformista la única salida es la independencia de clase y el internacionalismo proletario para la construcción de una Venezuela sin explotados ni explotadores.
