El gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel estableció la base de su campaña electoral y su posterior política gubernamental a partir de denunciar lo innecesariamente grande que es el aparato del Estado, para subsecuentemente avanzar contra el mismo; construyó un discurso que legitima este tipo de avanzada sobre el sector público, tachándolo de ineficiente y de estar plagado de vagos que no realizan un trabajo adecuado y que, en muchos casos, fueron acomodados a dedo en sus puestos; de esta manera, el gobierno ubicó al sector público y, en consecuencia, a los trabajadores estatales como parte de la supuesta “casta”. Este discurso funcionó como se esperaba, y hasta la actualidad ha sido uno de los pilares que permitieron avanzar contra los diferentes Ministerios nacionales y sus trabajadores, teniendo cierto consenso social.
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat fue disuelto en diciembre del 2023, para pasar a ser una Secretaría que dependía del Ministerio de Economía. El Partido Comunista Argentino y la COSIAC (Corriente Sindical Alberto Caffaratti) acompañó y apoyó las diferentes medidas de lucha de los trabajadores de la Secretaría, entendiendo su importancia y su rol estratégico, pues era la garantía de implementar políticas de urbanización en barrios, producción de suelo urbano, además de promover el desarrollo de programas de asistencia económica, subsidios y créditos para viviendas, entre otras funciones. Desde la llegada al poder del gobierno de Javier Milei, el avance contra el sector fue enorme: desde los salarios bajos hasta los despidos masivos sin justificación, con algunas reincorporaciones ganadas desde la lucha que se viene dando desde el primer momento; con diferentes sectores que fueron cerrados, mientras a otros se les dejó de pagar sin justificación alguna, en una clara maniobra de desgaste constante.
A inicios del 2025 quedaban sólo 500 trabajadores “ejerciendo funciones”, aunque ya se rumoreaba que se aproximaba una masiva oleada de despidos, con el fin de cerrar definitivamente la Secretaría. Se llevaron adelante diferentes medidas de lucha, como “abrazos a la Secretaría”, concentraciones, asambleas e, incluso, movilizaciones desde el Obelisco. Sin embargo, estas acciones resultaron insuficientes, dado que, en esta segunda fase del Plan Motosierra (llamada por el gobierno ‘Motosierra 2.0’), los métodos de la clase obrera deben estar a la altura de lo que se tiene en frente, que, en este caso, es un gobierno que protege a capa y espada los intereses de rapiña de la clase dominante. Mientras el gobierno atenta contra la vida de la clase obrera, contra su bienestar, contra su propia subsistencia, la respuesta del otro lado debe ser igual o mayor, no menor.
Los rumores, en efecto, dejaron de ser rumores, y la oleada de despidos ocurrió, con la idea de despedir incluso a los delegados, algo que es ilegal. Tras negociaciones con la delegada general de Vivienda, se acordó que la mayoría de delegados continúen trabajando hasta ser efectivamente reubicados, mientras el resto de despedidos no tiene manera legal de pelear; quienes tienen poca antigüedad, hoy sólo son un número más dentro de los miles de despedidos del Estado durante la gestión libertaria, y no encuentran ayuda legal que los ampare; quienes tienen más antigüedad, buscan asesoramiento legal sin mayores resultados. Actualmente los únicos que continúan son los delegados, y las negociaciones continuarán unos meses más.
El Partido Comunista Argentino hace hincapié en que hay apoyar las medidas de lucha de los trabajadores despedidos, y avanzar hacia un plan de lucha que pueda ponerle un freno a las medidas de la Motosierra 2.0, que nos permita mejores grados de organización, combatividad y principalmente la recuperación de los métodos históricos de lucha de la clase obrera.
