Comité Central del Partido Comunista Argentino
El 12 de junio, entre balas de goma y gases lacrimógenos contra el proletariado y el pueblo argentino, se aprobó la Ley Bases que representa una nueva e inmensa ofensiva de la burguesía contra nuestra clase, además de una maximización de las ganancias de los monopolios locales y extranjeros, a costa de que los trabajadores sigan cargando en sus hombros la crisis profundizada por el gobierno antiobrero y antipopular de Javier Milei y Victoria Villarruel.
La Ley Bases ha significado un enorme paso en la avanzada del plan económico del Fondo Monetario Internacional. Mientras el FMI exige la ley de Ganancias, la racionalización de los subsidios, el control del gasto y flexibilizar la política cambiaria, el 13 de junio, un día después de la sesión en el Senado, se pactó el desembolso de 800 millones de dólares para nuestro país, en claro gesto de aprobación a la gestión y los feroces resultados que viene tenido el gobierno de Javier Milei. Esta aprobación es parte de los controles exhaustivos que viene realizando el Fondo en nuestro país desde los acuerdos realizados por Sergio Massa, en ese entonces superministro de Economía; y hoy constituye la apertura de una nueva etapa en la Argentina, consolidando el plan económico que tiene pactado ejecutar el gobierno de Javier Milei, con Luis Caputo a la cabeza.
Entre negociaciones, coimas y apoyo de las distintas facciones de la burguesía, se logró aprobar una de las peores leyes desde el regreso de la democracia, lo que significa un gran retroceso en materia de derechos conquistados. Se puede observar con el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que va directamente en beneficio del capital con un proyecto extractivista. Aunque la burguesía local también se oponga denunciando competencia desleal, los comunistas no nos ponemos del lado del empresariado argentino, ya que la explotación no distingue entre capital extranjero o capital local; tampoco reconocemos sus intentos de proclama de defensa de la “soberanía”, ya que a través de esto buscan mantener la explotación de nuestro suelo únicamente en las manos de los monopolios locales. Por el contrario, denunciamos que el RIGI abre paso a la maximización de las ganancias capitalistas, en este caso de capital extranjero. Por eso mismo la propuesta de los comunistas ante el RIGI y varios de los puntos de la Ley Bases, es que los resortes de la economía deben ser nacionalizados bajo el poder obrero, pero no bajo este sistema de explotación y expoliación, sino bajo un sistema donde los recursos sean utilizados dentro de una planificación en pos de las mayorías.
Dentro de la Ley Bases, una de las grandes victorias de la burguesía fue el paquete de reformas laborales, el cual no sólo beneficia a los monopolios extranjeros, sino a la clase capitalista en su totalidad: por un lado, con la extensión de periodos de prueba, de tres a seis meses, con la posibilidad de una ampliación a ocho meses en empresas pymes de entre seis y cien trabajadores, y hasta un año en empresas de menos de cinco empleados; por otro, con la eliminación de las indemnizaciones, sustituyéndolas por un “fondo” constituido mediante convenio colectivo de trabajo, se permite una mayor flexibilidad laboral y menos inconvenientes para la patronal a la hora de despedir obreros, lo que significa un grave ataque a los derechos arrancados a la burguesía en este régimen. Los comunistas somos claros en materia de derechos laborales, pues luchamos por mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo y conquistar nuevos derechos, entre otras luchas reivindicativas, pero el problema de raíz radica en el modo de producción en el que vive la clase obrera en Argentina y en casi todo el mundo, donde la extracción de plusvalía que va a los bolsillos de los parásitos capitalistas genera las grandes desigualdades de nuestra sociedad dividida en clases. El socialismo en la Unión Soviética y en los países del Este puede dar testimonio en materia de derechos obreros, por eso por un lado, los comunistas tenemos varias tareas por delante: luchar por las reivindicaciones de nuestra clase, mientras que nuestra tarea principal es cambiar el modo de producción, tomar el poder, socializar los medios de producción en manos capitalistas para que pasen a mano de los trabajadores y construir un gobierno donde el poder esté en la clase obrera, donde la economía sea planificada en pos de las necesidades del pueblo y no de una minoría.
Otro de los cientos de puntos graves fueron las facultades delegadas aprobadas en este proyecto, donde se le permite al gobierno de los monopolios legislar en asuntos “administrativos, económicos, financieros y energéticos”, siendo una violación a las libertades democrático-burguesas. Aunque los comunistas sabemos que el parlamento en todas sus escalas sólo beneficia a una clase social, y que las disputas en su mayoría son entre los bloques capitalistas adversarios para el beneficio de los monopolios que responden a un bando o a otro, denunciamos la una clara intención por parte del gobierno de Javier Milei de avanzar en una ofensiva pocas veces vista en un gobierno electo, contra los intereses de la clase obrera, y, en este sentido, sin pasar por ningún órgano legislativo.
Por otro lado, la privatización de empresas públicas representa el bien público una vez más en remate, como es el caso de AYSA, poniendo a la venta las propias funciones del Estado, ya que es irrisorio pensar que una empresa privada pueda tener la intención de hacer, por ejemplo, una obra de cloacas o de red de agua potable en un barrio, cuando su principal interés es maximizar sus ganancias, no ocuparse de lo que le sea un negocio. La parcial derrota política del gobierno con la eliminación de algunos capítulos impidió la privatización de YPF, que haría que nuevamente, como en la década de los 90, que Argentina le compre petróleo a una empresa internacional, cuando el hidrocarburo se extrajo en nuestro país, en suelo nacional; pero, como ya anunció el vocero presidencial, el gobierno volverá a insistir con todos los capítulos modificados. Los comunistas insistimos en que no hay soberanía nacional sin poder obrero, no hay distribución de los recursos sin un gobierno que planifique según las necesidades del país, en este sistema capitalista monopolista no existe soberanía nacional, ya que distintos monopolios influyen sobre tal o cual sector de la burguesía gobernante para asegurar sus ganancias.
En el mismo sentido, aunque se eliminó el capítulo previsional, el gobierno seguirá insistiendo con la eliminación de la moratoria en su segunda vuelta a la Cámara Baja, la cual permitía que quienes no tengan la cantidad de años necesarios de aportes, es decir, 30 años, puedan realizar el pago de esos años y, así, acceder a la jubilación; además del aumento de la edad para jubilarse, la cual se extiende hasta los 65 años sin distinción de sexo, y los cambios en el monotributo social, lo cual afecta directa y abiertamente a los trabajadores más precarizados. Es importante remarcar que estas modificaciones tienen un profundo carácter de avasallamiento de derechos y forman parte de la clara avanzada contra las mujeres trabajadoras, ya que esta modificación detiene el proceso de reconocimiento hacia las tareas de cuidado que, en su mayoría, realizan las mujeres, como es el caso de las llamadas amas de casa, al igual que las trabajadoras también abocadas a los trabajos de cuidado, quienes en la mayoría de casos trabaja de manera informal, precarizada y tercerizada.
La Ley Bases y esta arremetida feroz contra la clase obrera no se podría haber hecho sin la participación activa de las distintas corrientes de la burguesía, principalmente de las que se vienen alternando el poder del Estado en los últimos 70 años: el peronismo y el radicalismo. El radicalismo le aseguró el quorum y los votos, mientras que el peronismo tuvo un rol crucial para conseguir el triunfo de la Ley Bases.
El peronismo, que es la principal fuerza garante de la gobernabilidad de la burguesía en Argentina y constantemente lucha para mantener la armonía entre el capital y el trabajo, a través de su dirección burocrática sindical no llamó a huelga ante tal ofensiva contra los trabajadores; su movilización fue testimonial, retirándose temprano, mientras que tres senadores del Partido Justicialista, que asumieron con la boleta de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, votaron a favor de esta nefasta ley: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, Carolina Moisés y el entrerriano Edgardo Kueider. Sin olvidar la participación fundamental del peronista Guillermo Francos, hoy devenido en Jefe de Gabinete, y Daniel Scioli, peronista de primera hora, hoy devenido en funcionario del gobierno de Javier Milei.
La aprobación de esta ley significa un claro retroceso para nuestros intereses, sin desmerecer la gran resistencia del pueblo en Buenos Aires, no sólo resistiendo, sino respondiendo a la represión desatada por los agentes de Patricia Bullrich.
La Ley, como tal, es de máxima gravedad para nuestra clase, y el 12 de junio ha sido un momento decisivo, pero cabe analizar en profundidad cómo la burguesía, en pos de salvarse dentro de su propia crisis y beneficiar a los centros imperialistas, rompe las reglas que ha impuesto históricamente –en este caso muchos de los puntos van en contra de la propia Constitución Nacional de nuestro país–. Desde el Partido Comunista Argentino creemos que esto se debe a una necesidad de cambiar la matriz de acumulación y expoliación. Desde el principio del gobierno de Javier Milei hemos visto su abierto desprecio por la democracia burguesa como la conocemos, además de ir contra el poder tripartito de la Nación y el republicanismo, pero la cuestión central no pasa por denunciar únicamente que hoy se están avasallando las libertades democrático-burguesas, sino también subrayar que, en medio de la crisis capitalista y la disputa por la primacía de la pirámide imperialista mundial, los recursos de nuestro suelo están en disputa entre los dos bloques imperialistas antagónicos, y, como ya se ha visto desde el 10 de diciembre del 2023, Argentina, de la mano de Javier Milei, se ha posicionado de lleno con el bloque OTAN-Israel-EE.UU. Hoy la misma burguesía y sus lacayos van contra las propias leyes que han creado, votado e impuesto, y avanzan cambiando la matriz de acumulación y expoliación, viniendo por los recursos estratégicos para sostener el nivel de acumulación de los centros imperialistas.
La Ley Bases y la jornada de lucha del 12 de junio en todo el país, donde nuestro Partido estuvo presente en Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, junto a los posteriores cacerolazos espontáneos en el AMBA, marca un antes y un después: por un lado, con una clara victoria de los monopolios, y, por otro, con un avance para la clase obrera en términos de lucha y de ruptura con el quietismo y las formas a la hora de confrontar con el gobierno.
Desde el Partido Comunista Argentino creemos que es importante profundizar los métodos de lucha, coordinar las distintas luchas que se están generando en todo el país, darle dirección al movimiento de masas en un sentido estratégico, para romper el Plan Motosierra, quebrar al gobierno de los monopolios y que la clase obrera conquiste el poder.
Hacemos un llamado a toda la clase obrera y a todo el pueblo argentino a luchar abiertamente contra el gobierno de Javier Milei y los monopolios, profundizar los métodos que tiene nuestra clase para dar la pelea en las calles, en los espacios de estudio, de trabajo, en los barrios. Llamamos a solidarizarse con todos los presos de la jornada del 12 de junio, y exigimos su inmediata liberación y desprocesamiento.
¡Luchar no es un delito!
¡Basta de criminalización de la protesta!
¡Abajo la Ley Bases!
