El Villazo

Pasados ya 48 años de la heroica gesta obrera que fue brutalmente reprimida por el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, y tras una etapa de instrucción de diez años, el 13 de noviembre comenzó en Rosario el juicio oral por la causa “El Villazo”. El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal № 1 de Rosario y, con la participación de más de 200 testigos, serán juzgados por crímenes de lesa humanidad el exjefe de personal de la metalúrgica Acindar, un exjefe militar, 21 expolicías federales, un exprefecto y un ex policía santafesino.
Durante la madrugada del 20 de marzo de 1975 se efectuó el denominado “Operativo Serpiente Roja del Paraná” en Villa Constitución. Una columna de kilómetro y medio de autos y camiones, compuestos por policías, matones de la derecha sindical peronista y miembros de la Triple A ocuparon la ciudad. Ese mismo día se produjeron más de trescientas detenciones y quince asesinatos de trabajadores a lo largo de todo el cordón industrial del Paraná, principalmente de la fábrica metalúrgica Acindar, que era en ese entonces presidida por José Alfredo Martínez de Hoz. Los detenidos fueron llevados a distintas cárceles del país para ser torturados.
La respuesta por parte del pueblo obrero organizado no se hizo esperar: al día siguiente comenzaron las huelgas dentro de las plantas de las empresas pertenecientes a la Unión Obrera Metalúrgica, mismas que se extendieron durante 61 días, como forma de protesta frente a la salvaje represión, y se organizaron guardias para resistir al enemigo. Luego del levantamiento de la huelga, cientos de trabajadores fueron despedidos, siendo muchos de ellos colocados en listas negras que circulaban entre las empresas del sector metalúrgico. Más adelante, las instalaciones de Acindar serían cedidas al Estado argentino para ser utilizadas como centro de detención y tortura clandestino.
Éste es uno de los tantos casos que demuestra cómo el empresariado no fue meramente cómplice de la represión genocida antiobrera, sino un participante activo e impulsor de la misma. Fueron, con nombre y apellido, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario y la Copal (conformados por los Bunge & Burn, los Reyes Terrabusi, entre otros) quienes ya en 1975 exigían al gobierno la “defensa de la propiedad y la empresa privada”, bajo el argumento de que “se entrega al país al sindicalismo continuando así su camino hacia el marxismo”.
“Queremos que el mundo sepa que la decisión de entrar en la lucha la provocó e impulsó la subversión, no fue privativa de las fuerzas armadas”, declaraban los Vicentín y las multinacionales aceiteras desde la Cámara de Exportadores de Cereales, y cerraban con: “En idénticas circunstancias volveríamos a actuar de idéntica manera.”
Acindar, Ledesma, Mereces Benz, Las Marías (Taragüí) son algunos de los nombres de las empresas que colaboraron económica y logísticamente con el accionar genocida de las fuerzas represivas antiobreras, al mismo tiempo que señalaban con sus guantes blancos a aquellos trabajadores combativos que plantaban cara a los explotadores. Décadas después, la patronal terrorista nos restriega su impunidad en la cara paseándose como gerentes de bancos (Enrique Eskenazi), o dirigiendo cámaras patronales (Jorge Zorreguieta, ex-ministro de la dictadura y luego presidente de la Copal).
Esto no es accidental. El pueblo trabajador concientizado siempre representó una amenaza para los intereses de los grandes grupos económicos y sus planes. El terrorismo de Estado no fue más que otra de las tantas herramientas que utilizaron para desarmar toda forma de organización que se oponga a sus prédicas de ajuste y atomización de la masa obrera. El golpe militar implicó ni más ni menos que una victoria del capital en contra de los trabajadores.
El juicio, que trae consigo la posibilidad de justicia para las víctimas, es también un acto de resistencia contra la impunidad que permitió que impulsores de atrocidades puedan seguir ocupando puestos de poder en la sociedad. El grito por memoria, verdad y justicia resuena hoy como un desafío al poder económico.
¡Después de casi medio siglo, no sólo debe comenzar el juicio, sino también debe erigirse como un verdadero hito de la resistencia obrera en la provincia y en todo el país! ¡Basta a la impunidad del empresariado responsable del genocidio!