El modelo liberal de la educación

En esta crisis del modo de producción capitalista, los estudiantes universitarios argentinos se enfrentan a dos desafíos: el primer desafío es poder subsistir con salarios que apenas superan la línea de pobreza en la mayoría de los casos, y la segunda es poder seguir su carrera universitaria frente a los recortes presupuestarios sistemáticos a la educación universitaria, que no sólo reduce drásticamente la calidad académica e institucional, sino que incluso en la UBA (como sucedió en UBA FFyL y UBA Med) se comienzan a reducir horarios, dejando a cientos de estudiantes sin la posibilidad a estudiar; por otra parte, el gobierno de La Liberta Avanza propone el arancelamiento de la universidad para los estudiantes extranjeros. Nuevamente se pone en el eje de la cuestión de la educación como una mercancía y no como un derecho.
En el año 2022 el ministro de Economía de ese momento, Sergio Tomás Massa, decidió comenzar un ajuste fiscal, quitándole 70.000 millones al Ministerio de Educación, y durante el 2023, aprovechando la disputa electoral, se comenzó una modificación del plan de estudios, cuya única finalidad era reducir “costos” a costa del bienestar del estudiantado.
En 2024, con el gobierno liberal de Javier Milei, el ajuste ya no es algo oculto o “tabú”, por el contrario, el gobierno lo tiene como una bandera importante en su modelo económico, tanto es así que, a través del ya infame DNU, se decidió congelar el presupuesto universitario por un año, activando todas las alarmas posibles y obligando a todo el Movimiento Universitario, desde los ingresantes hasta los propios rectores, a reaccionar activamente en contra del ajuste. El Consejo Regional de Planificación de Educación del Sur (CPRES Sur) comunicó que el presupuesto como está ahora sólo puede garantizar el funcionamiento de un solo trimestre, esto no sólo significa la pérdida de un año de carrera para los estudiantes universitarios, sino que pone en peligro la fuente de trabajo de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales.
Hoy un profesor universitario de la Universidad de Buenos Aires con 24 años de antigüedad estaría cobrando un salario de 277.423,5$ brutos (ADUBA, 2024), y en el caso de los trabajadores no docentes, según el ultimo acuerdo paritario de FATUN, una gran parte apenas llega a los 140.000$ de salario. Estos atropellos y arremetidas contra la clase obrera y el estudiantado sólo pueden ser sostenidos intentando, a toda costa, evitar una reacción por parte del movimiento obrero-estudiantil, algo que va de la mano de promover la “educación pública como un derecho esencial”, lo cual significa ilegalizar la huelga docente.
Mientras el plan de ilegalización de la protesta se materializa para los docentes, los recortes crecen a la par con el rechazo por parte del gobierno al pago de becas y las instalaciones de salud mental dentro de las universidades públicas, una de las pocas herramientas que existen hoy en día para garantizar el bienestar psicológico de miles de estudiantes afectados por una crisis que les toca vivir personalmente.
No es la primera vez que un gobierno liberal intenta obstaculizar y mercantilizar el acceso a la educación pública y de calidad en la República Argentina. En el decreto-ley del 22 de diciembre de 1955 se dio el primer paso para la creación de Universidades Privadas, que, en 1958 durante el gobierno de Frondizi, ya podían otorgar títulos profesionales; durante el gobierno de Aramburu también se permitió el arancelamiento de las Universidades Publicas Nacionales, pero, gracias al temor de una reacción masiva por parte del movimiento estudiantil organizado, jamás se llegó a avanzar en su implementación. Estos fracasos de mercantilizar y privatizar por completo la educación pública hoy toman un nuevo enfoque: destruir y reducir la calidad de las universidades públicas, impidiendo el acceso a la mayoría de la clase obrera y, así, no pudiendo convertirse en trabajadores profesionales. Estas restricciones colaboran a que sólo un sector pueda acceder a estudios superiores, en muchos casos apoyados económicamente por sus familias.
Bajo la mirada meritocrática y positivista del liberalismo, estos conflictos no existen, y este modelo garantiza que sólo los “mejores” logren concluir sus estudios, instalando así un clima de competencia entre los estudiantes y promoviendo su fragmentación.