Corren tiempos de máxima preocupación para la clase obrera, con una gran inestabilidad política de por medio. El gobierno busca un salvavidas de la mano de Scott Bessent y Donald Trump, con un swap de 20 mil millones de dólares, para poder seguir aplastando el precio del dólar por lo menos hasta después de las elecciones de octubre. Trump, muy claro, se lo dijo al Ejecutivo Nacional: si las elecciones las gana el peronismo, se acaba la ayuda económica y parte del respaldo político. A cambio de este swap, Milei le va a permitir a Trump que Argentina sea un satélite geopolítico para sus intereses, en medio de la lucha por la primacía de la pirámide imperialista que tiene a China como su principal adversario.
Argentina no es una colonia, ni una semicolonia, pero Milei quiere convertir a nuestro país en un trampolín para la política exterior estadounidense y, a la vez, facilitar la explotación de nuestro suelo para abastecer a Estados Unidos en esta lucha interimperialista mundial, donde la clase obrera del mundo es la única perdedora, mientras los grandes monopolios se llenan los bolsillos.
En medio de todos estos movimientos, además de la suba y la baja constante del dólar, los escándalos de narcopolítica oficialista, y el “salvataje” yankee, hace un poco más de un mes se viene hablando de que Javier Milei ya no tiene gobernabilidad para seguir en caso de que se pierdan las elecciones del 26 de octubre. Sobre esto hay que analizar varios puntos:
En primer lugar, la gobernabilidad viene siendo garantizada principalmente por el peronismo, aunque también por otras fuerzas, como los radicales y los bloques provinciales, que han acompañado las peores medidas contra nuestra clase. Si bien es cierto que el oficialismo sufrió algunos reveses en Diputados y en el Senado, ninguna de estas fuerzas se ha planteado retirarle la gobernabilidad. Hoy el gobierno carece de gobernadores, cuenta con pocos diputados, muy pocos senadores, escasos concejales y casi ningún intendente; su único sostén es el Poder Ejecutivo. Por eso ha venido gobernando prácticamente por DNU, salteando al Parlamento. En caso de ser ampliamente superado por la principal “oposición” electoral —el peronismo—, el gobierno quedaría en una posición de profunda debilidad institucional. Lamentablemente, esa situación no sería el resultado de la lucha de las masas obreras y populares contra la política de ajuste; aunque eso no significa que esas luchas no comiencen a desarrollarse masivamente, por el contrario, la profundización del ajuste y la inestabilidad institucional podrían abrir el camino a una agudización de la contradicción entre el capital y el trabajo, desembocando en grandes movilizaciones y acciones de masas como no se han visto en años.
En segundo lugar, desde las elecciones en la provincia de Buenos Aires y, principalmente, después de una editorial de Morales Solá en La Nación, en la que señalaba que “el círculo rojo” —al que nosotros llamamos la burguesía local, o una parte de ella— y donde analizaba un “Plan B” en caso de que Milei no logre sostener el gobierno por dos años más, se abrió el debate sobre qué hacer sin alterar el orden social ni deslegitimar el sistema democrático-burgués. Hay una realidad: un sector de la burguesía no se está beneficiando con Milei; por ejemplo, la burguesía industrial, ya que todo el sistema productivo viene en caída. Por el contrario, los grandes grupos financieros y los bancos son los grandes ganadores, y ni hablar de las cerealeras y de un sector de la burguesía agraria. Un sector de la burguesía busca un Ejecutivo que le sirva de salvataje ante esta crisis. El peronismo siempre ha sido una facción de la burguesía que favorece especialmente a la industria nacional. No hay que olvidar cuando Cristina F. de Kirchner, en un discurso refiriéndose a este sector, dijo: “Conmigo se llenaron los bolsillos, se la llevaron en pala”; y es cierto: el peronismo ha gobernado para todos los sectores del capital, y los capitalistas industriales han sido particularmente beneficiados.
La burguesía local busca tener su ancho de espada bajo la manga; sabe que el peronismo, en momentos de crisis, correrá a restablecer la institucionalidad, como hizo en 2002. La pregunta que debemos atender es: si eso ocurre, ¿cómo se dará? Como dijimos antes, la clase dominante pretende resolverlo en el marco constitucional —como también afirma el dirigente peronista Guillermo Moreno—, sin alterar el orden. Nosotros, los comunistas, en cambio, sostenemos que los trabajadores deben movilizarse para derrocar al gobierno: no puede ser un juego de ajedrez de la burguesía con sus propias reglas; hay que imponer que la clase obrera sea protagonista de los cambios en este país, porque somos la fuerza motriz de la sociedad, la que produce la riqueza y hace girar las ruedas de la historia. Por eso no debemos permitir que la fuerza de la institucionalidad reemplace a la fuerza de la clase obrera.
En último lugar, venimos advirtiendo desde Orientación que un sector de la burguesía está otorgándole un rol protagónico a Victoria Villarruel. Por su afinidad ideológica y su acercamiento al peronismo —lo vimos con Mayans en el Senado, en las declaraciones de Guillermo Moreno, y en su equipo, integrado por peronistas como Claudia Rucci, hija del burócrata peronista—, esta hipótesis se termina de confirmar con su acto conjunto con Insfrán en Formosa, en conmemoración al Ejército asesino en el marco del aniversario de una operación político-militar de Montoneros. Es decir, uno de los principales líderes del peronismo se une con defensores del genocidio en Argentina. La burguesía ve en Villarruel, junto al peronismo, una opción frente al posible fracaso del gobierno de Milei; por eso debemos insistir en que la alternancia no es una solución, menos aún si en sus filas están los defensores de los genocidas. En caso de inestabilidad política e institucional, el gobierno debe ser derrotado por la fuerza de la clase obrera, pero también debe lucharse contra toda la clase política —ultraderecha, liberales, peronismo y demás facciones burguesas—, se debe enfrentar al gobierno de los capitalistas y a sus colaboradores, quienes lo sostuvieron y votaron sus leyes.
La alternativa tiene que ser obrera. Pero para eso se necesita un proceso político distinto al que venimos viendo, donde reina la dispersión política y organizativa del movimiento popular, y donde la unidad de la clase obrera ha sido reemplazada por el fraccionamiento absoluto. Es hora de poner en pie un programa, un proyecto de país que supere la gran penuria a la que nos han llevado los distintos gobiernos desde la fundación misma de nuestra patria. Necesitamos un proyecto de país que piense en las grandes mayorías y no en un puñado de capitalistas; un proyecto que supere el sistema actual y sus contradicciones.
Lo que planteamos es que los trabajadores y los sectores populares deben ser protagonistas en las decisiones importantes y en el rumbo hacia un país distinto al que tenemos hoy. Hace falta un debate serio y profundo que surja desde abajo: desde los barrios y territorios de nuestro pueblo, y, especialmente, desde los lugares de trabajo de la clase trabajadora y desde las aulas, junto al movimiento estudiantil. La unidad y la articulación entre estos sectores y los distintos movimientos sociales son claves si queremos construir una salida real, con un proyecto de país distinto. De lo contrario, seguiremos atrapados en el “más de lo mismo” que el capitalismo insiste en imponernos, sin futuro ni alternativas reales.
Hoy, más que nunca, la Argentina necesita un cambio —y no cualquier cambio, sino una revolución—, y no cualquier revolución: una revolución socialista, con la clase obrera a la cabeza y con su partido, el Partido Comunista, como guía política y organizativa en la construcción del nuevo mundo.
