Durante los meses de julio y agosto hemos visto a un gobierno más golpeado que en otros momentos del año. Esto no significa que esté tambaleando ni que haya perdido su base de apoyo, pero sí hay indicios de que su principal sostén —el plan económico— empieza a debilitarse. Por un lado, los saltos abruptos del dólar rompieron el esquema de flotación dentro de las bandas establecidas; por otro, el informe de JP Morgan desalienta el panorama para los planes de Milei y Caputo, saliendo del carry trade y prácticamente anunciando la explosión del proyecto económico del gobierno. Es una situación que recuerda a lo sucedido durante el gobierno de Macri en 2018. A su vez, es indiscutible que la conflictividad social está en aumento: no pasa un día sin que haya una movilización obrera en alguna parte del país, y cada vez es más común ver múltiples protestas en una misma jornada. También se vuelve frecuente el “triunfo” sobre el protocolo antipiquetes; sin embargo, cada movilización sufre algún nivel de represión, aunque sea de baja intensidad. Nuestra clase, en la mayoría de los casos, no logra responder al brazo armado del Estado. Esto refleja tanto la descomposición de las organizaciones obreras combativas como su adaptación al régimen, y sobre todo la ausencia de un Partido Comunista fuerte y de combate. Por otro lado —y sin extendernos demasiado, ya que lo señalamos reiteradamente en nuestras notas—, la desarticulación del movimiento obrero y de las luchas en curso es uno de los principales problemas que enfrentamos como clase. Aunque la presencia de trabajadores en las calles incomode a la burguesía y a sus peones incrustados en el Estado, aún no se logra un golpe contundente. Esto no implica que no existan victorias parciales en las luchas reivindicativas, pero, en términos generales, no hay señales claras de unidad de clase, ni de coordinación de luchas ni de una plataforma activa que permita enfrentar no sólo la represión, sino también el conjunto del plan de los monopolios que se aplica en nuestro país. ¡Ésa es la gran tarea que tenemos por delante!
A ello se suma el lastre histórico del que debemos deshacernos como clase obrera: el peronismo. Dentro de ese gran movimiento burgués, la burocracia sindical peronista se presenta como un obstáculo clave y una enemiga de las luchas obreras y populares. El gobierno de Milei apuesta a ganar las elecciones nacionales —y es muy probable que lo logre— para obtener más bancas y dejar de negociar con el PRO, los radicales, el peronismo, etc. Esto le daría más margen para ejecutar su plan. Uno de los pilares de ese plan es una profunda reforma laboral, que ya tuvo su primer intento mediante el DNU 70/2023, rechazado por la Justicia. Esta reforma apunta a transformar el sistema de indemnizaciones, establecer una caja de cese laboral, avanzar contra el derecho de huelga, facilitar despidos, entre otros ataques. Y una de sus principales aliadas ha sido la CGT, que hasta ahora sólo ha convocado a paros testimoniales, actuando como sostén de la gobernabilidad para Milei, Caputo y su banda de usureros, a costa del desempleo, el aumento del costo de vida, la crisis habitacional y la imposibilidad de llevar una vida digna. La CGT y el gobierno negocian la reforma laboral a espaldas de los trabajadores, mientras se acumulan los despidos en el Estado, la caída de salarios en el sector privado y la represión sistemática, como la que sufren los jubilados cada miércoles.
En este contexto, marcado por la inviabilidad del proyecto libertario, el Poder Judicial decide avanzar con la prisión de Cristina F. de Kirchner. Por primera vez en dos años, el gobierno no logra marcar la agenda nacional; por el contrario, es el peronismo quien lo hace. La prisión de CFK no responde a intereses de nuestra clase; es una disputa interburguesa entre distintas facciones: Poder Judicial, peronismo, macrismo, etc. Sin embargo, lo sucedido merece ser analizado desde una perspectiva clasista, ya que a partir de este hecho el peronismo empieza a reagruparse, a construir una supuesta “oposición” al gobierno. Como siempre, lo hace desde un rol colaboracionista, garante de la institucionalidad burguesa. No hay movilización ni combatividad real en este rearmado: sólo rosca política, acuerdos y pactos para que Milei gobierne con estabilidad hasta 2027. El objetivo del peronismo es volver al poder en las próximas presidenciales. Ya hay señales claras de esto: Guillermo Moreno, por ejemplo, dijo dos cosas reveladoras. Sobre la reforma en la Policía Federal afirmó: “Nos viene bien para cuando seamos gobierno”, y sobre la reforma laboral aseguró: “Cuando volvamos al gobierno, la hacemos en seis meses”. Es decir, Milei está haciendo el trabajo sucio para la socialdemocracia, resolviendo temas estructurales que facilitarán la continuidad del capitalismo y de la explotación bajo otro ropaje.
La “oposición” que intenta construir el peronismo es parte de la disputa interna de la burguesía. Su reagrupamiento no es una esperanza para el pueblo, aunque intenten venderlo como tal. Por eso debemos marchar en otra dirección. Los trabajadores debemos construir una verdadera oposición, una oposición de clase, obrera y popular, dispuesta a luchar por las pequeñas y grandes reivindicaciones. Una oposición que trace un plan de lucha para enfrentar y derrotar las medidas antiobreras y antipopulares del actual gobierno. Una oposición de combate, que solo podrá surgir con un Partido Comunista fuerte, capaz de ejercer la vanguardia organizativa, política e ideológica de las masas. Ni el peronismo, ni los liberales, ni los radicales resolverán las penurias que vivimos día a día. Sólo nuestra clase es capaz de dirigir este país, de planificar la economía en función de los intereses de las grandes mayorías, y de construir una vida plena, en paz y con dignidad.
