En Tucumán la precariedad no es una novedad, es una realidad que azota día tras día a la clase trabajadora de la provincia. Esto se ve reflejado en el docente con dos y tres cargos, en los jóvenes empleados del comercio que tienen que cambiar de local cada tres meses, en los obreros del limón y de la caña que trabajan temporadas enteras sin derechos ni estabilidad. Sin embargo, a día de hoy la avanzada anti-obrera se profundiza aún más con la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional acompañado por el gobierno provincial.
Osvaldo Jaldo decía textualmente en campaña: “Nunca vi un gobierno nacional que avance tanto sobre los derechos de los trabajadores”, marcando distancia con Milei y presentándose como defensor de las conquistas laborales. Tras ganar las elecciones y luego de su reunión con el presidente, su posición dio un giro completo: pasó a respaldar una reforma que profundiza el ajuste, flexibiliza las condiciones laborales y presiona a la baja los salarios, afectando a toda la clase trabajadora tucumana.
Esto no se puede interpretar como un simple cambio traicionero por parte del gobernador de la provincia, sino como una recurrente posición de la clase política tucumana. Se administra el Estado en función del siguiente esquema: sostener vínculos estables con el empresariado local y garantizar gobernabilidad a través de asistencialismo generando dependencia de la clase trabajadora en el Estado. El gobierno de Tucumán siempre va a formular sus políticas a medida de lo que quieran Buenos Aires y los sectores económicos concentrados provinciales por la necesidad de la clase política burocrática de mantener los recursos que les permitan controlar a una clase obrera subordinada y garantizar su continuidad como dirigentes. El caso de Javier Noguera en 2024 es claro: pese a presentarse durante años como el ala “progresista” del peronismo tucumano, salió a respaldar públicamente la estrategia de diálogo y acompañamiento a Milei con el argumento de asegurar fondos para la provincia y “cuidar la gobernabilidad”.
Para poder seguir desglosando y analizando la realidad de la provincia hay que entender su estructura económica. Las principales actividades son las primarias-industriales, como los complejos azucareros y la citricultura, por lo que representan una gran masa de trabajadores. Por otro lado, según datos del INDEC y del Ministerio de Trabajo provincial, más del 46% del empleo registrado se concentra en servicios de baja productividad y en el Estado; al mismo tiempo, cerca del 40% de los trabajadores de la provincia se encuentran en la informalidad, una de las tasas más altas del NOA, y los salarios reales han caído con fuerza desde 2018, perdiendo entre el 18% y el 25% de su poder adquisitivo.
Dentro de este marco el planteo de la reforma laboral puede llegar a sonar milagroso para un trabajador de Tucumán, sin embargo, lo que hace es crear una formalización vacía y abaratar la fuerza de trabajo ya existente, precarizando a la totalidad de masa obrera. Los sectores que hoy presionan por reforma laboral son los mismos que concentraron ganancias récord en 2023 y 2024 mediante beneficios fiscales, subsidios productivos y programas de incentivo exportador, sin que eso se tradujera en más puestos de trabajo ni en mejora del salario real. Así, la alianza entre el gobierno nacional, el empresariado local y sus voceros políticos no busca “reactivar la producción”: busca disciplinar a la clase trabajadora, consolidar su vulnerabilidad y reinstalar la idea de que el trabajador debe “agradecer tener trabajo”, aunque ese trabajo no alcance para vivir.
En este paradigma político económico la naciente fuerza política libertaria en Tucumán, traída a la provincia de la mano del hijo del genocida Bussi, representada a través de LLA y el Think-Tank “Federalismo y Libertad” no simboliza una ruptura real con el modelo vigente. Muy por el contrario, se integra en la misma trama de alianzas entre dirigencias políticas y grupos empresariales que el peronismo provincial sostiene desde hace décadas. Un ejemplo ilustrativo es el vínculo con el grupo azucarero Los Balcanes, encabezado por Jorge Rocchia Ferro y también propietario del hotel Catalinas Park, donde funcionó el búnker de campaña de LLA en Tucumán. Rocchia Ferro, históricamente afiliado al PJ y, que, incluso, sonó como posible candidato dentro de ese espacio en 2024, pasó luego a manifestar públicamente su apoyo a Milei y a la construcción de su partido en la provincia. A esto se suma que el primer candidato a diputado nacional de LLA en la provincia, Federico Agustín Pelli, es empleado de él como Gerente de Seguridad Patrimonial en Los Balcanes. La relación es clara, y más allá de lo discursivo, el empresariado tradicional tucumano sabe que ambos partidos dominantes defienden sus intereses.
Mientras tanto, las fuerzas sindicales que deberían ser el principal órgano de organización obrera que ponga los pies en la tierra para luchar contra Milei y el PJ tucumano, en su mayoría están dirigidas por burócratas que no impulsan huelgas reales, no forman cuadros obreros, y simplemente funcionan como un intermediario para garantizar la gobernabilidad del PJ. En lugar de elevar la conciencia de clase, administran la desmovilización y el desgaste.
Recapitulando, lo que atraviesa Tucumán no es una desviación reciente, sino la continuidad de un mismo régimen donde el PJ, el empresariado y ahora LLA actúan en conjunto para sostener la precarización y, a la vez, mantener a la clase trabajadora en un rol pasivo. La reforma laboral que Jaldo acompaña no viene a mejorar la vida los trabajadores, sino a abaratarla y disciplinarla, mientras la burocracia sindical garantiza la pasividad. Cambian los discursos, cambian los colores, pero se mantiene intacto el mismo proyecto de explotación.
Por lo tanto, nuestra tarea como comunistas no sólo consiste en denunciar y señalar a estos grupos políticos, económicos y sindicales que garantizan un sistema perpetuo de precariedad y miseria que azota fuertemente a la masa trabajadora; nuestra tarea es la construcción de espacios donde los trabajadores puedan reconocerse como parte de una misma experiencia de explotación, recuperar la solidaridad en los lugares de trabajo y reconstruir la idea de que la defensa de los derechos no es un pedido al poder, sino una conquista desde abajo. La organización independiente no es una consigna abstracta, es una necesidad concreta frente a la ofensiva que se despliega.
Nuestra tarea no es gestionar mejor este orden, sino organizar su superación. La vida del pueblo vale más que las ganancias de los ingenios y de la patronal. Esa convicción es el punto de partida para construir una alternativa propia, desde abajo y para quienes viven de su trabajo.
