El brutal plan de ajuste del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel corresponde a una abierta ofensiva a los consensos más básicos establecidos por el pueblo argentino. Uno de ellos, el derecho a una “educación pública, gratuita y de calidad”, actualmente se encuentra amenazado por una fórmula de gobierno que se considera “salvadora de la República”, a partir de destrozar todo aquello que entienden como “no rentable”.
El miércoles 10 de julio la UBA decretó la emergencia en materia salarial, frente a una insostenible pérdida del 40% del poder adquisitivo de los salarios durante el primer semestre del 2024. A tan sólo poco más de dos meses del acuerdo “unilateral” de la Universidad de Buenos Aires con el gobierno, queda en evidencia que la guerra desatada por este gobierno de ajuste y represión contra la educación pública, será extensa y ardua.
En este contexto, fue la CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios), quien, en un plenario de Secretarios Generales, anunció la posibilidad latente de un paro de 72 horas durante el inicio del segundo cuatrimestre de cursada y de una nueva marcha universitaria en septiembre. Este posicionamiento de la CONADU va de la mano con lo dicho por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), junto a Federaciones de docentes que describieron la actual realidad salarial como “inadmisible”, argumentando que la Marcha Federal Universitaria de abril estableció el rol estratégico que tiene la educación pública para el pueblo argentino. Mientras que, por otro lado, el Consejo Superior de la UBA respaldó de forma unánime el reclamo docente. Pero más allá de lo que se diga, hoy lo central y lo más importante es lo que se haga para confrontar esta avanzada contra la educación pública.
Por su parte, la CONADU ve como una realidad cada vez más palpable, que, sin movilización popular, no se llegará a un acuerdo salarial. Por eso hoy su objetivo es continuar las reuniones con las asambleas de base que integran la Federación, con el fin de acordar el paro de agosto, además de debatir un plan de lucha que pueda consensuarse en el marco del Frente Sindical de Universidades Nacionales, de cara a una nueva Marcha Federal Universitaria en septiembre.
Queda claro que el desfinanciamiento de la universidad pública, el empobrecimiento de los docentes y no docentes, es “política de gobierno”. Por ello el Partido Comunista Argentino, principalmente a través de sus células estudiantiles que actúan en diferentes universidades nacionales en nuestro país, ha manifestado en diversas ocasiones que la Marcha Federal del 23 de abril era sólo un comienzo, que la unidad obrero-estudiantil debe estar siempre al pie del cañón, porque este gobierno sólo recula sus planes privatizadores cuando la organización y movilización popular pasa por encima de cualquier criminalización o represión. Hay un dicho claro que establece que “la historia pone a cada uno en su lugar”, y es esa misma historia la que condena a aquellos actores de la política burguesa que durante todos estos meses han venido incentivando la desorganización y la desmovilización de la clase trabajadora y el pueblo argentino.
El Partido Comunista Argentino y la Federación Juvenil Comunista – Argentina se harán presentes en cada jornada de organización, de debate y de confrontación contra el plan inhumano de un gobierno en clara guerra contra el pueblo, un gobierno que busca, a toda costa, llevar adelante políticas privatizadoras en todos los ámbitos posibles, en favor de los intereses monopólicos. Llamamos a fortalecer el paro proyectado para el mes de agosto, así como también construir una gran Marcha Federal Universitaria en septiembre que involucre, no sólo a estudiantes, sino también a la clase obrera y al pueblo, y que desemboque en el verdadero puntapié que necesita la coordinación obrero-estudiantil en nuestro país.
