En 1950, ante el creciente tránsito aéreo, nace Aerolíneas Argentinas a través de la unión de cuatro aerolíneas que ya existían en nuestro país. En 1951, tan sólo un año después de su fundación, la Sociedad Interamericana de Prensa la designa como “la mejor empresa aerocomercial del mundo, por su eficiente organización y la calidad de sus servicios”.
Casi cuatro décadas más tarde, comienza a discutirse la posibilidad de su privatización durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En 1988 “el ex Jefe de Gabinete del Gobierno de De La Rúa y a la sazón del ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, propuso asociar a AA y con el 40% del paquete accionario, a la empresa escandinava SAS (Scandinavian Air System). Para esa época la empresa tenía un pasivo de 700 millones de dólares, SAS aportaría 60 millones de dólares (el 50% del valor de un Jumbo nuevo de la época) y obtendría el gerenciamiento compartido con los argentinos. Esta propuesta naufragó, por la tenaz y cerrada oposición del justicialismo, quien duramente la calificó como atentado a la soberanía”.
Contrario a lo que manifestaron durante la última parte del gobierno de Raúl Alfonsín, en 1990, con Carlos Saúl Menem ya en el poder, sería el propio Partido Justicialista quien llevase adelante la privatización que, según sus propias palabras, atentaba contra la soberanía argentina.
Los 90 y el vaciamiento de Aerolíneas
En el año 1990 AA contaba con 28 aviones propios y sólo 1 alquilado. 18 años después de su privatización, en 2008, esos números eran enteramente opuestos; con sólo 2 aviones propios de alcance internacional y 30 alquilados, el vaciamiento que había sufrido y los efectos que esto había tenido sobre la vida de miles de trabajadores, eran catastróficos.
Antes de su venta, el Estado absorbe toda la deuda de AA y se prepara para entregar una compañía que, en 1989, estaba valuada en 636 millones de dólares, contando sólo sus bienes físicos, y que generaba 90 millones de dólares al año, al mejor postor. Sin embargo, el único interesado era el consorcio español Iberia-Cielos, el cual ofreció pagar 260 millones de dólares en efectivo y 1.610 millones de dólares en títulos de deuda para lograr tener el 85% de las acciones.
Las privatizaciones llevadas adelante durante el gobierno de Menem, permitieron que el Estado argentino perdiera el control de sectores como la energía, las telecomunicaciones, la construcción y el transporte, abriendo, así, una etapa de verdadero saqueo e injerencia en áreas estratégicas de nuestro país. El traspaso de estas áreas al sector privado, representó la apertura de una crisis y dejó una marca que hasta el día de hoy persiste en el pueblo argentino.
“Las privatizaciones tenían varios objetivos. Uno era obtener recursos para paliar el déficit fiscal y poder equilibrar el presupuesto del Estado, porque con eso era posible un mecanismo de convertibilidad. Otro era dar eficiencia a los servicios públicos, requiriendo a los inversores una mejor prestación que la que brindaba el Estado. Otro era plantearle a los inversores compromisos importantes de inversión”, explicaba Roberto Dromi, entonces ministro de Obras y Servicios Públicos.
Sobre la idea de requerirle a los inversores una mejor prestación que la que pudiese brindar el Estado, yace uno de los principales problemas de la privatización como forma de traer mejoras a servicios esenciales para el pueblo argentino. En el caso de Aerolíneas, en 1994 el Estado argentino perdía la posibilidad de vetar cualquier cuestión o plan operativo, lo cual facilitó el primer desmantelamiento llevado adelante por el accionista mayoritario de AA. De esta manera, la presencia del Estado pasaba a ser testimonial y, con el gobierno peronista como principal impulsor, se abría una nueva etapa de miseria y desocupación para la clase obrera de la Argentina.
En 1995 Aerolíneas ya había reducido el personal a 5000, siendo el 50% de los trabajadores despedidos. En paralelo, el trabajo de mantenimiento y reparación de las aeronaves pasó a ser realizado en talleres del exterior del país, dejando a cientos sin trabajo.
En la coyuntura actual, el caso de Aerolíneas vuelve a resonar tras la victoria de Milei-Villarruel y sus abiertas intenciones de avanzar hacia las mismas privatizaciones que se llevaron adelante durante la década de los 90, las cuales fueron una de las principales causas de la crisis de la década y el principio de los 2000 en nuestro país. Los propios hombres y mujeres elegidos por LLA traen consigo las manchas de lo que fue una de las épocas más oscuras en la historia reciente de la Argentina. Eduardo Rodríguez Chirillo, nuevo Secretario de Energía, fue uno de los asesores durante el gobierno de Ménem; Guillermo Francos, al mando del Ministerio del Interior, fue diputado nacional por el Frente Cívico de Domingo Cavallo y tiene lazos con AA2000, la empresa encargada de 35 aeropuertos en Argentina; Horacio Marin, a cargo de YPF, hombre de confianza de Paolo Rocca, CEO del Grupo Techin; entre tantos otros que comparten como interés principal el de los monopolios e impulsan el accionar represivo como vehículo para el saqueo y la entrega de recursos estratégicos de nuestro país.
Es evidente que Javier Milei, lejos de proponer algo innovador, recurre a las viejas fórmulas e incurre en el mismo desprecio por la vida de la clase obrera. La única alternativa para enfrentarlo, deberá ser en las calles, tomando el ejemplo de lo que fueron gestas como el Santiagueñazo o el Cutralcazo en la década de los 90s, poniendo en pie un movimiento obrero que se plantee pasar a la ofensiva y finalmente derrocar el sistema que repite las mismas miserias de la mano de los mismos personajes y sus herederos.
