La situación de los trabajadores del ferrocarril Sarmiento atraviesa uno de sus momentos más críticos. La persistente congelación de las escalas salariales ha dejado de funcionar únicamente como una medida de contención de costos para transformarse, de manera explícita, en un dispositivo político de presión y desgaste. La destrucción sistemática del poder adquisitivo opera como un mecanismo de asfixia que persigue un objetivo claro: empujar a los delegados y a los trabajadores con mayor experiencia laboral hacia la aceptación de los “retiros voluntarios”. Esta manera de renunciar no representa en absoluto un acto de elección libre ni un acuerdo voluntario entre partes iguales. Es, por el contrario, un despido encubierto y forzado por las circunstancias que el país viene arrastrando gracias a los procesos de pauperización laboral que los distintos gobiernos burgueses vienen llevando a cabo desde hace más de 40 años. Al colocar el ingreso real por debajo de la canasta básica de reproducción de la fuerza de trabajo, la patronal y el Estado generan las condiciones de vulnerabilidad extrema necesarias para que el obrero ceda su puesto a cambio de una indemnización nominal que la propia inflación se comerá a corto plazo.
Por su parte, la respuesta que tienen los sindicatos ante esto es, por un lado, la Lista Verde se encuentra completamente alineada a los intereses del gobierno y la patronal, tomando decisiones a espaldas de los trabajadores e ignorando sistemáticamente los reclamos diarios de las bases obreras; y, por otro, la Lista Bordó, actual oposición, ha dejado de cumplir su rol, y desde hace años mantiene una parálisis absoluta, sin movilizar a las bases ni escuchar sus demandas. Este quietismo ha debilitado su representatividad, provocando una pérdida masiva de respaldo entre los trabajadores. A esto hay que sumarle que los delegados están desaparecidos frente a los rumores y la incertidumbre generalizada de lo que ocurrirá en los sectores de boleterías durante los meses de junio y julio, y no convocan a asambleas ni rinden cuentas de sus negociaciones a puertas cerradas.
El traslado forzoso de los compañeros fuera de sus áreas históricas de trabajo convierte al trabajador en una pieza intercambiable encargada simultáneamente de la atención, la limpieza, el control de accesos y la seguridad de las instalaciones, destruyendo las conquistas históricas plasmadas en los convenios colectivos. El aumento del boleto no se traduce en inversiones sobre la infraestructura ferroviaria ni en mejoras de las condiciones de seguridad e higiene para el personal de las estaciones. Su propósito central consiste en llenar la caja del ramal. Para mantener este orden, la empresa cuenta con un brazo ejecutor directo: los supervisores. Este sector gerencial medio percibe salarios de privilegio que superan holgadamente los 2 millones de pesos, una cifra que contrasta fuertemente con los salarios de miseria y estancamiento del trabajador base. La función principal de los supervisores en las estaciones no es operativa, sino netamente disciplinaria: su labor consiste en perseguir, reportar y sancionar penalmente a todo operario de base que exprese un mínimo vestigio de solidaridad proletaria. Si un trabajador de estación permite el ingreso sin pagar el pasaje a una persona de sectores populares sin recursos económicos, la supervisión interviene inmediatamente para labrar actas, suspender y mandar al frente al compañero ante la gerencia de recursos humanos.
Tanto las cúpulas de las dos listas sindicales como el aparato de supervisión, utilizan el miedo y las represalias económicas directas como herramientas de presión psicológica para bloquear de raíz cualquier intento colectivo de organizar medidas de fuerza legítimas. Mientras la patronal usa el incremento tarifario como una orden de disciplina: los trabajadores son forzados a actuar como custodios de la recaudación de la empresa, obligándolos a vigilar los molinetes; y en las zonas liberadas por la patronal, ante cualquier situación de peligro nunca hay un efectivo policial ni personal de seguridad privada apostado junto al trabajador del molinete, lo cual le permite a la empresa ahorrar costos eliminando la custodia física en los ingresos. A su vez, los supervisores de estación, esos mismos que perciben salarios de privilegio superiores a los 2 millones de pesos, se mantienen resguardados en sus oficinas, bien lejos del quilombo, apareciendo sólo para hacer infracciones del personal de base o mandar al frente a algún compañero, pero desaparecen cuando las papas queman y la seguridad de los trabajadores está en riesgo.
La falta de protocolos claros de evacuación y resguardo ante emergencias, sumado a la nula garantía de seguridad general, convierte la tarea del molinete en una ruleta rusa diaria. Al capital no le interesa si un ferroviario es golpeado, apuñalado o insultado en cumplimiento de sus “funciones básicas”, sólo le importa que la plata siga circulando. La complicidad de la burocracia de las dos listas salta a la vista: toleran que los compañeros trabajen bajo condiciones de riesgo extremo, sin exigir el retiro inmediato del personal ante la falta de garantías básicas de seguridad. La situación en el ferrocarril expone con crudeza las dinámicas más brutales de la explotación capitalista. Mientras el costo de vida se dispara y el boleto vuelve a aumentar para golpear los bolsillos de la clase trabajadora, las condiciones laborales de los ferroviarios se precarizan a niveles alarmantes.
¿Por qué duele tanto el quietismo actual?
Para entender la gravedad de la parálisis actual, es fundamental rescatar la historia de lucha del Ramal Sarmiento. Durante la ofensiva neoliberal en el gobierno de Carlos Menem que impuso la consigna de “Ramal que para, ramal que cierra”, los ferroviarios desafiaron los decretos presidenciales y la tregua de la Unión Ferroviaria nacional en una histórica huelga de 45 días impulsada desde las bases. El Sarmiento fue un foco central de resistencia contra el holding privado TBA, luchando contra el despido masivo de miles de compañeros y el cierre de talleres. Pasar de la asamblea combativa permanente al silencio absoluto frente a los retiros voluntarios, evidencia un proceso de asimilación e institucionalización de los dirigentes sindicales de la oposición, quienes terminaron pactando con la Lista Verde el control de las bases. Este escenario no es un accidente, es el resultado de una estrategia planificada por la patronal y ejecutada con la complicidad de las cúpulas sindicales, y la única manera de hacerle frente es construyendo una verdadera organización obrera que sobrepase los límites que esta alianza intenta imponer, dejando de lado el quietismo que ofrece la burocracia, para avanzar hacia la conformación de espacios independientes que pongan en pie un plan de lucha a la altura de cada golpe que hoy está recibiendo la clase obrera y que se proponga responder con mucha más fuerza, porque sin sus trabajadores no hay ferrocarril, y sin ferrocarril no hay producción, comercio ni circulación de la riqueza. A pesar de que hoy la patronal pretende descargar la crisis sobre la espalda de los ferroviarios, es necesario recordar que es la clase obrera la que mueve cada engranaje de la economía y que, cuando decide organizarse y luchar, posee la fuerza necesaria para torcer cualquier ataque… O incluso, tomar el poder.
